Comisión de Ética de la Cámara investigará de oficio polémicas reuniones no registradas por Ley de Lobby

Las reuniones que sostuvieron algunos ministros y parlamentarios con empresarios en la casa del lobista Pablo Zalaquett, sin que fueran registradas por la Ley de Lobby, han abierto todo tipo de interpretaciones respecto a una normativa que, según ha quedado de manifiesto, ya requiere de una modernización. Pese a ello, algunos expertos sostienen que lo que existe en la actualidad permite tomar medidas y aplicar sanciones en el supuesto de que se compruebe que se ha transgredido.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, el socialista Nelson Venegas, señaló que la instancia decidió actuar de oficio respecto de los diputados que ha trascendido que participaron en algunos de los encuentros, más otros que han admitido que asistieron.

Venegas informó este martes que en la sesión de hoy se analizó el tema de la “supuesta” vulneración a la Ley de Lobby por parte de algunos diputados. En este sentido, explicó que la Ley 20.730 –que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios- y su respectivo reglamento, obliga a la Comisión de Ética de la Corporación a conocer este tipo de situaciones en que se vean involucrados diputados y “las eventuales vulneraciones que pudieran haber existido”.

Jefes de bancada

Venegas añadió que sin perjuicio de la obligación que le asigna la Ley de Lobby a la comisión, la instancia tratará de analizar los hechos en profundidad e investigar lo ocurrido, porque “de una u otra manera, atentan contra la fe pública respecto del actuar del Congreso. Nosotros consideramos que el Congreso y la política, hoy día, no gozan de buena salud; y, por lo tanto, tenemos que generar las condiciones” para que no se produzcan este tipo de situaciones.

Según detalló, hasta ahora, la comisión ha detectado cinco personas que, “eventualmente, habrían participado en estas reuniones”, pero no entregó los nombres; sin embargo, se trata del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el socialista Juan Santana; los diputados DC Alberto Undurraga y Eric Aedo (jefe de bancada); el diputado UDI Guillermo Ramírez (jefe de bancada), y el Evópoli Francisco Undurraga (jefe de bancada).

A partir de esta información, Venegas explicó que se los citará a la Comisión de Ética para concluir, a través de la investigación, si se vulneró o no la ley. En caso de que se resuelva que fue así, se aplicarán -dijo- las sanciones que determina la ley, “que son superiores a las que establece el Reglamento de Ética, porque en el caso de vulneración de la Ley de Lobby, a la comisión le corresponde aplicar sanciones que van desde las 10 hasta las 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)”.

Venegas no descartó que en los próximos días se conozca que otros diputados participaron en estos cuestionados encuentros, pero insistió en que espera que eso también lo vaya dilucidando el trabajo de la comisión.

Ley "interpretable”

En cualquier caso, a diferencia de muchos expertos, el diputado Venegas sostuvo que “la Ley de Lobby es una ley absolutamente interpretable, son las ambigüedades propias de una ley muy antigua, que ha dejado ciertos vacíos”, enfatizó. No obstante, agregó que “en términos concretos, por lo menos en lo que dice relación con el tema de los diputados, sin adelantarnos a cuestiones de esta naturaleza, evidentemente, tenemos una complicación respecto de personas que participan en reuniones y que no se registran, como lo ordena específicamente la ley”.

No obstante, aclaró que la comisión que preside no sólo debe pronunciarse respecto de cuestiones legales, sino esencialmente como su nombre lo indica, está mandatada a hacerlo sobre las actuaciones de ética y transparencia, “va más allá de la ley y nosotros consideramos que debemos dar una señal clara respecto de que, efectivamente, el Congreso tiene que gozar de una mayor legitimidad ciudadana; y, lamentablemente, hoy día no goza de legitimidad”, por lo que se deben tomar acciones tendientes a revertir la mirada crítica que tiene la opinión pública sobre su proceder, concluyó.